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Descubriendo los choreos de Boudou y Cía

15 febrero 2016

A poco más de dos meses de haber asumido, las autoridades del Senado siguen descubriendo irregularidades de la administración de Amado Boudou al frente de la Cámara alta. Los nuevos datos se suman a los más de 2000 pases a planta permanente, muchos de ellos sin siquiera haber revistado como personal transitorio, firmados por el ex vicepresidente en su último año de gestión.

Cuando todavía faltan algunos días para tener los resultados de las auditorías que solicitó, la vicepresidenta Gabriela Michetti encontró varios casos que podrían derivar en denuncias judiciales

Además del hallazgo de un empleado del Senado que vive en Australia, las irregularidades incluyen la cesión de un millonario fondo, en este caso por resolución conjunta con el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, a la Asociación del Personal Legislativo (APL) para ser utilizado bajo el concepto de “ayuda social” sin obligación de rendir cuentas sobre uso o destino.

A esto se suma la sorpresa que se llevó la flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, al descubrir que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, al que se le tercerizaba la gestión del canal que transmite las sesiones y alternativas de la actividad del cuerpo. Según afirmaron a LA NACIÓN fuentes allegadas a Michetti, la vicepresidenta considera que las irregularidades exceden el plano administrativo y configuran delitos.

“Senado TV no es un canal, ni una señal, pero gastó 126 millones de pesos el último año”, afirmó Schuster, en diálogo con LA NACIÓN. La funcionaria aclaró sus palabras: “Digo que no existió porque la producción estaba en manos de una empresa privada, o intervenían otras producciones para la realización de programas de cocina, sobre la política asiática o de entrevistas a artistas, entre otros”.

Lo complicado de este nuevo caso de irregularidades detectadas es que los programas se realizaban con recursos del Senado, que pagaba los insumos y los salarios del personal que hacía los programas (camarógrafos, locutores, conductores y productores)…. Sin embargo, la Cámara alta le pagaba un canon mensual a una firma, supuesta propietaria de la marca “Senado TV”.

“La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado”, agregó Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta.

Según el funcionario, el contrato “estaba vencido hace muchos años” y la Cámara alta lo pagaba “por el sistema de legítimo abono, contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones”.

Otro caso de erogaciones millonarias sin demasiado control es la resolución conjunta de ambas cámaras legislativas, firmada en junio del año pasado, que le entrega a los gremios con representación en el Congreso (APL, UPCN y ATE) el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados para ser destinado a “ayuda social”. Según estimó Schuster, la suma involucrada asciende a unos 160 millones de pesos anuales. La resolución de esta decisión llevó la firma de Boudou y de Domínguez pero no establecía ningún tipo de rendición de cuenta salvo que el aporte “será mensual, móvil y distribuido en forma proporcional a la cantidad de afiliados que posee cada Asociación Sindical”.

Los gremios, por su parte, solo tenían la obligación de informar en qué cuenta bancaria debían realizarse los depósitos.

 

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